EEUU ORDENÓ LA SALIDA DE SU PERSONAL NO ESENCIAL DE NICARAGUA ANTE CRISIS DESATADA

La salida de su personal no esencial en Nicaragua ha ordenado el gobierno de Estados Unidos el pasado viernes 6 de julio, debido a la ola de violencia que deja más 230 muertos en 80 días de protestas contra el presidente Daniel Ortega, informó su embajada en Managua.

De acuerdo con un comunicado publicado en su página oficial, Estados Unidos “ordenó la salida del personal que no es de emergencia” y pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajar a Nicaragua debido a los “crímenes, disturbios civiles y disponibilidad limitada de atención médica”.

“Fuertemente armados, parapolicías vestidos de civil y controlados por el gobierno, a veces cientos, operan en gran parte del país, incluida Managua”, explicó la embajada.

Ante “la posibilidad de que surjan problemas de violencia”, la legación diplomática solicitó también a sus ciudadanos evitar los lugares de manifestaciones.

El gobierno de Nicaragua tenia pautada una marcha para la tarde del sábado 7, mientras que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –conformada por grupos de la sociedad civil- convocó a una manifestación para el próximo jueves 12 y a un paro nacional de 24 horas el viernes siguiente.

Los manifestantes reclaman que se adelanten las elecciones o la renuncia de Ortega, exguerrillero de izquierda de 72 años que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo. Asimismo, lo acusan de implantar con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, una dictadura y de desatar una violenta represión.

Con motivo a las protestas que comenzaron el 18 de abril, el gobierno estadounidense ya había ordenado la salida del país a familiares de su personal diplomático.

Washington sancionó el jueves 5 de julio, acusándolos de violaciones a derechos humanos y otros delitos, al subdirector de la Policía, Francisco Díaz; al presidente de la petrolera Petronic, José Fancisco López; y a Fidel Moreno, sindicado de dirigir actos de violencia cometidos por los grupos civiles armados.

La medida comprende el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos, y a los norteamericanos se les prohíbe negociar con ellos. A comienzos de junio ya había sancionado a otros funcionarios de la Policía.

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