TEXAS: PREPARADA LA EJECUCIÓN DE UN MEXICANO POR VIOLAR Y MATAR A SU PRIMA

Si el último intento de sus abogados no lo impidió, Rubén Ramírez Cárdenas, de nacionalidad mexicana seria ejecutado esta semana en Texas, a través de una inyección letal, en virtud de la condena por haber secuestrado, violado y matado a su prima de 16 años hace ya más de 20 años.

El juzgado de Apelaciones rechazó esta semana la petición de nuevas pruebas de ADN por el crimen, que Ramírez Cárdenas confesó en su oportunidad.

El crimen se remonta al 22 de febrero de 1997, cuando la estudiante, Mayra Laguna, fue llevada por la fuerza de la habitación que compartía con su hermana en Rio Grande Valley, en el sur de Texas, y posteriormente su cuerpo apareció en un canal cercano a un lago. Cárdenas confesó a la policía que él y un amigo se la habían llevado en auto, que él la violó y que, al soltarle los brazos para dejarla ir, ella peleó. Fue entonces cuando, según su relato, la golpeó mortalmente, reseñó AP.

Según Ramírez, que ahora tiene 47 años, cuando le sacudió en el cuello, la victima comenzó a toser sangre y tener dificultades para respirar. Trató de reanimarla sin lograrlo y la lanzó al canal. “No planeaba hacer esto, pero iba de cocaína”, dijo a las autoridades.

Sus abogados han intentado conseguir que se practique una nueva prueba de ADN, alegando que la realizada ya está obsoleta y que “persisten dudas sobre su culpabilidad y la honestidad de su condena”, informó AP. Además señalan que la confesión de Cárdenas fue obtenida tras horas de aislamiento en un intenso interrogatorio.

Por su parte, la diplomacia mexicana está tratando en paralelo de ayudar al condenado con el argumento de que la detención no cumplió con los requisitos legales. Aunado a esto, Ramírez Cárdenas al haber nacido en México, un país sin pena de muerte tenía el derecho a hablar y obtener ayuda del Consulado, algo que establece la Convención de Viena, y no se le concedió.

El viceministro de Exteriores, Carlos Sada, en una rueda de prensa en la capital mexicana, calificó la pena y el procedimiento de “acto ilegal”. De igual forma dijo que no solo buscan frenar la ejecución, sino exonerarle con nuevas pruebas de ADN, para lo que quieren llevar el caso hasta el Supremo de EEUU si es necesario. Un total de 54 ciudadanos mexicanos afrontan la pena capital en suelo estadounidense.

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