CONDADO LE PIDE A ICE AUTORIZACIÓN PARA DETENER INDOCUMENTADOS

El Condado Dakota, en Nebraska, instó debidamente anexarse a un programa federal que, en su nueva versión, aprueba a carceleros desempeñarse como agentes de inmigración para decretar el estatus de los presidiarios, informó la oficina del alguacil de esa jurisdicción.

De esta modo, el Condado Dakota es el primero en Nebraska y en la región en requerir su intervención en la nueva versión del programa 287(g), del que también buscan participar otras 25 agencias en otros sectores del país, para que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) adiestre a carceleros en algunas tareas determinadas.

Al expresar ante los medios locales su disposición de ser parte del programa 287(g), el alguacil Chris Kleinberg indicó que “poco cambiará” en el Condado Dakota a partir del 14 de noviembre, cuando, según se pronostica, ICE responderá favorablemente a lo solicitado.

El alguacil acentuó que, a viceversa de lo que antes acontecía con el indicado programa, en este caso no habrá policías o patrulleros, sino sólo guardias de cárceles acreditando el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

El alguacil también  dijo, la contribución con ICE no se relaciona con detener un vehículo por una transgresión de tránsito ni con el origen étnico de una persona, sino con contar con algunos alguaciles “que sepan lo que tienen y lo que no tienen que hacer” con respecto a inmigración cuando llega un detenido a la cárcel local.

Para el alguacil Kleinberg, cooperar con ICE facilitará la averiguación de crímenes. “Eso es lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo”, puntualizó.

No obstante, la filial local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sugirió en un notificado de rotativo que, incluso con las nuevas limitaciones, el programa 287(g) podría ser usado en la cárcel del Condado Dakota para cotejar la situación inmigratoria incluso de aquellos acusados de infracciones menores.

Rose Godinez, abogada de ACLU, indicó que esa situación podría a su vez llevar a decisiones potencialmente racistas por parte de los carceleros.

“La comunidad perderá la confianza en las fuerzas del orden”, auguró la abogada.

La inquietud surge porque Kleinberg afirmó que la cooperación con ICE concebiría fondos para el condado, ya que ICE podría usar las 35 celdas de la cárcel local que normalmente están vacías para alojar indocumentados.

El programa 287(g) es una sección de la ley de inmigración vigente desde 1996, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales para preparar a agentes para realizar r funciones migratorias, como cotejar el estatus legal de los detenidos y entregarlos al ICE en caso de que sean indocumentados.

Actualmente 60 jurisdicciones del país cooperan con ICE, la tercera parte de ellas en el estado de Texas.

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